EL mal llamado partido de los jueces.

Parece que el Gobierno tiene un ataque de nervios. La Presidenta, en expresión poco feliz, lamentó no ser "un genio" para "hacer desaparecer a unos cuantos". Su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, con deficientes conocimientos del derecho, se permitió calificar como "vergonzosa" y "horrenda" una sentencia de primera instancia, que luego fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a quien se le está por promover un juicio político por no acatar decisiones judiciales, denunció, por su parte, las sentencias adversas al Poder Ejecutivo como muestra de un pretendido "partido de los jueces". Según era de prever, el señor Kirchner salió de inmediato a sumar a ese "partido" a una onírica conspiración de la que participarían sus opositores.

No hubo una percepción similar, por cierto, cuando el juez Oyarbide, en fallo culminante de primera instancia, absolvió al matrimonio gobernante del cargo de enriquecimiento ilícito. Eso ocurrió en instancia única, sin apelación del ministerio público ni tampoco de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En ese caso tan curioso, los Kirchner y sus acólitos entendieron que la Justicia fue perfecta y ajena a cualquier partido corporativo.

Resulta, entonces, poco serio que una visión facciosa de los fallos judiciales a los que se ensalza o se denigra de acuerdo con las propias conveniencias, pueda ser sostenida desde tan altos sitiales del Gobierno. Sitiales en los que la mesura, la grandeza de espíritu y el respeto por el bien común son valores que deberían primar frente al ataque permanente y la búsqueda de la confrontación vana. Tan evidente como inaceptable es esa incoherencia para el común de la ciudadanía que las últimas encuestas han mostrado un nuevo descenso de la imagen presidencial.

En ese descenso desordenado que arrastra, como una avalancha de nieve, todo lo que encuentra al paso, el kirchnerismo pretende agregar al alud a sectores políticos, grupos económicos, medios de prensa y hasta órganos del Estado. Las juezas de primera y segunda instancia que han fallado contra los DNU presidenciales ?y que para hacerlo no han necesitado recurrir a la reivindicación de género en la que habitualmente se refugia la Presidenta? han sido sumadas al presunto "partido judicial" por el ex presidente y sus acólitos.

Se trata de un recurso retórico puesto de moda en la política nacional por el actual oficialismo. En realidad, no están inventando nada nuevo. Lo que en la doctrina constitucional se denomina en realidad "gobierno de los jueces" ha sido estudiado por los autores norteamericanos, por nuestros propios constitucionalistas y por los tratadistas europeos que se han ocupado del equilibrio de los poderes en un Estado republicano.

Se dice, en efecto, que hay "gobierno de los jueces" cuando el Poder Judicial avanza sobre cuestiones políticas no justiciables, emanadas de los otros órganos del Estado. La declaración del estado de sitio o de guerra, por ejemplo, no serían susceptibles de ser revisadas por los jueces. Hacer lo contrario significaría una extralimitación del Poder Judicial. Por eso, en especial en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos desde la época del legendario juez Oliver Holmes, la doctrina del self-restraint, es decir, de la propia restricción de los jueces, tiene una clara definición. Con esa perspectiva ha sido adoptada también desde hace cincuenta años por nuestra jurisprudencia. Ante esto, hablar de un "partido de los jueces" constituye, por lo menos, una paradoja anacrónica.

En el caso que tanto desvela al matrimonio gobernante no es que los jueces hayan avanzado sobre decisiones políticas, sino que es el Poder Ejecutivo el que se ha extralimitado en sus competencias. Cuando eso sucede, son los jueces, como guardianes de la Constitución y las leyes quienes deben fijar los límites. Esa función concerniente al juego de las instituciones de la República no podría ser negada por el Poder Ejecutivo, salvo que se arrogue a sí mismo el poder de interpretar la Constitución. Sería el mismo fenómeno que se produjo en Francia, en 1790, cuando el gobierno revolucionario, por los decretos de agosto, prohibió a los jueces que interpretaran las leyes.

Con esa decisión, inicialmente aceptada por la dinámica que imponía el cambio de régimen, se abrió paso al camino del terror. Su máximo símbolo fue la guillotina. Si a la ley no la interpreta un juez, será interpretada por el déspota de turno o por cada individuo en su propio beneficio, lo que constituiría una vuelta, lisa y llana, a la ley de la selva.

Cabe pensar que cuando el kirchnerismo, en otra suerte de explosión irracional, habla del "partido de los jueces" sumándolo a supuestas conspiraciones de tipo caribeño, lo hace para tener algo que decir a los cada vez menos fieles seguidores. Pero si detrás de la retórica se ocultase la voluntad de entronizarse en el único intérprete de la ley, entonces la República viviría horas aciagas que deben evitarse.

FUENTE: Diario "La Nación". Noticias de opinión, jueves 4 de febrero de 2010. Publicado en la edición impresa.

Flagrante atropello a la Justicia

Las autoridades de Santa Cruz siguen negándose a acatar tres fallos de la Corte para reincorporar al procurador Sosa



Un grupo de personas preocupadas por la vigencia de los derechos fundamentales de la comunidad ha decidido constituir una asociación con el solo objetivo de remediar 14 años de injusticia y lograr la reincorporación del doctor Eduardo Sosa al Poder Judicial de Santa Cruz.

El doctor Sosa, que acreditaba 15 años de antigüedad desempeñando funciones judiciales con honestidad, eficiencia e independencia en la Justicia de esa provincia, fue literalmente despedido del cargo de procurador general de la Corte local de una manera completamente inconstitucional.

El episodio ocurrió en 1995, cuando Néstor Kirchner gobernaba el distrito y su esposa era diputada provincial. Su pecado capital consistió en iniciar una investigación sobre el pago extrajudicial de los suculentos honorarios derivados del juicio por regalías petroleras conocido como "los fondos de Santa Cruz".
Insólitamente, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó tres fallos ordenando su reincorporación, hace 14 años que viene peregrinando por los tribunales buscando justicia.

El caso, con sus variadas etapas, afectó el principio de inamovilidad de los funcionarios judiciales y, por ende, el de independencia del Poder Judicial.
Luego vino la desobediencia flagrante a fallos del máximo tribunal de la Nación.
Después de tanto tiempo transcurrido, esta llaga judicial todavía está abierta y resulta de suma importancia cauterizarla por dos motivos:
En primer lugar, es muy preocupante, por no decir escandaloso, que los fallos del más alto tribunal del país sean incumplidos y se conviertan así en letra muerta. Conducta que, por otra parte, encuadra en el delito de desobediencia a la autoridad del magistrado, establecido en el Código Penal.

En segundo lugar, resulta indispensable que este caso sea tomado como un fuerte mensaje que rompa una costumbre en el ejercicio de los poderes lamentablemente muy arraigada. Claudicante costumbre que se traduce en que cuando el Ejecutivo está fuerte no puede ser limitado ni controlado. Si acaso algún funcionario intenta cumplir con su función constitucional se lo echa y listo.

La cuestión hoy recobra vigor. Además del lógico temor que inspira el actual Consejo de la Magistratura, una importante causa de la formidable impunidad de la que gozan los funcionarios y allegados al poder es el miedo que algunos jueces tienen a que les pase lo mismo que al doctor Sosa, cuya lamentable tragedia jurídica es ampliamente conocida en los ámbitos judiciales de la Argentina.
Este flagrante atentado a la Justicia es visto como un contundente y triste ejemplo del destino que podría aguardar a los funcionarios que "fastidian" al poder.
De esta manera, se apunta a disciplinar y a subordinar a los magistrados a los intereses del poder político.

Animados por un sentimiento de indignación ante esta injusticia, el doctor Andrés Vivanco, ex fiscal de Santa Cruz, promotor de investigaciones sobre los fondos de la provincia girados al exterior, también perseguido por su independencia; el ex diputado nacional Rafael Flores, que denunció durante años los abusos del poder kirchnerista en la provincia patagónica; el doctor Marcos Oliva Day, otro ex fiscal provincial perseguido por haber declarado la inconstitucionalidad de la reforma a la Constitución santacruceña que permitió la reelección indefinida del entonces gobernador Néstor Kirchner, y el prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay, tenaz defensor de esta causa, participan de una importante iniciativa a la que esperan sumar adhesiones tanto en el país como en el extranjero.

Se proponen, entre otras acciones, solicitar al Ministerio de Educación de la Nación y a los ministerios provinciales de esa cartera la incorporación del "Caso Sosa" a los programas de estudio de todas las materias relacionadas con la formación ciudadana de los alumnos, primarios y secundarios, al igual que a los rectores de todas las facultades de Derecho y Ciencias Sociales del país para que este caso sea analizado en los programas de las materias afines.

También se proponen convocar a los miembros del Congreso, a representantes de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil y de congregaciones religiosas para que se pronuncien sobre este tema, puntualizando que no puede existir una política de derechos humanos efectiva sin una Justicia independiente.

Su actitud debe ser bienvenida. En Santa Cruz no sólo fueron violentadas las instituciones con el velado propósito de silenciar a los funcionarios judiciales independientes, sino que también se produjo una manifiesta denegación de justicia, derivada del incumplimiento de los fallos del más alto tribunal de la Nación.

Fuente: Miércoles 5 de Agosto de 2009 - lanacion.com

Volver a la República
Gustavo Bossert

El Congreso Nacional, que pronto tendrá nueva integración, deberá asumir la tarea, o más bien la misión histórica, de poner fin a este anacrónico 1788 al que hemos descendido -el año anterior a la Revolución Francesa que expandió en Occidente el ocaso de las monarquías absolutas- para recuperar la plenitud y el esplendor de la República.

Tendrá a su cargo, entonces, desmontar la suma de poderes que, en estos años, una mayoría de legisladores le otorgó al Poder Ejecutivo, violando los límites que impone la Constitución, y, de este modo, volver a la legalidad, al equilibrio, al camino de la civilización.

El bastión de los derechos de la gente es la Justicia. Bajo la plena separación de los poderes no hay seducción ni amenaza de un Gobierno que pueda torcer la decisión de un juez independiente y honorable. Por ello, para dar garantía a la necesaria independencia, la reforma constitucional de 1994 creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuya razón de ser es separar de la política la designación y remoción de los jueces, actos que, en el sistema anterior, estaban en manos del Presidente y del Congreso de la Nación.

Tan esencial es ese objetivo, que en las democracias occidentales -Francia, España, Italia, etc.- ningún legislador integra el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el art. 114 de nuestra Constitución admite la presencia de algunos representantes políticos, pero en equilibrio con jueces y abogados, además de académicos.

La ley sancionada en 2006 rompió ese equilibrio: hoy, sobre 13 miembros, 7 son políticos. La violación del art. 114 es evidente. Pero el tema se agrava porque el oficialismo (el actual y los que sigan) con sus 5 miembros (4 legisladores y el delegado del Presidente) puede impedir la designación de quien ganó el concurso de aspirantes a juez y así evitar que alguien manifiestamente independiente ocupe un juzgado donde se sustancian causas de corrupción, y también puede impedir que un juez que no actuó correctamente sea suspendido o sometido a juicio político, a cambio, por ejemplo, de favores electorales o la paralización de una causa que compromete a funcionarios.

El Congreso renovado deberá suprimir esas facultades peligrosas y restablecer la vigencia del art.114 de la Constitución.

En cuanto a las demoras en los juicios, que tanto preocupan a la gente, al anacronismo de códigos procesales, cuya reforma ha sido objeto de proyectos que desde hace años duermen un sueño imperturbado en los armarios del Congreso, se suma la existencia de 196 cargos vacantes, sobre un plantel de 900 jueces nacionales, con la sobrecarga de tareas que esto implica para los jueces actuales.

En la República, el dinero del Estado no se entrega al libre manejo del Ejecutivo, como en las monarquías absolutas: la ley de Presupuesto establece los montos que la Administración podrá gastar en cada rubro, y ellos son límites estrictos. Pero el actual Congreso autoriza al Ejecutivo a modificar partidas y realizar gastos al margen del Presupuesto.

Así fue que, en 2008, el Ejecutivo, además de modificar partidas, gastó a su simple criterio, por "ampliación de gastos" que libremente decidió, por "excedentes de recaudación" y en "Fondos Fiduciarios", 43.614 millones de pesos, o sea, 120 millones de pesos por día, según detalla el Informe del Equipo de Economía del Instituto Radical de Políticas Públicas, que coordinó el economista Adrián Ramos.

El próximo Parlamento deberá poner fin a esos gastos discrecionales y controlar, además, los montos que cada año el Ejecutivo incluye en el proyecto de Presupuesto, ya que, por ejemplo, asignó este año a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) 485 millones de pesos, cuando en 2008 la partida fue de 388 millones y, en 2003, al asumir Kirchner, era de sólo 138 millones de pesos; y no se conoce una razón para tal incremento en una repartición en la que, por existir "fondos reservados", resulta casi nulo el control externo de los gastos.

Desde hace años, los sucesivos presidentes de la Nación dictan Decretos de Necesidad y Urgencia sobre materias que corresponden al Congreso. Es decir, decretos que operan como si fueran leyes.

La Constitución dispone que los Decretos de Necesidad y Urgencia que el Ejecutivo dicta sobre materias que corresponden al Congreso deben someterse a la consideración de una comisión bicameral que "luego elevará su despacho a las Cámaras? para su expreso tratamiento".

Por años, dicha comisión no se constituyó. Finalmente, en 2006 se creó la comisión, pero conforme al art. 24 de la ley 26122, tras elevar la comisión su despacho a las Cámaras, basta con que una de ellas no rechace expresamente el decreto de necesidad y urgencia (DNU), dejándolo dormir en un cajón, para que éste conserve vigencia. Por el contrario, la Constitución exige, para que el DNU siga rigiendo, que ambas Cámaras lo aprueben expresamente, ya que su contenido es propio de una ley. Por cierto, no hay noticias del rechazo de ningún DNU por parte de las Cámaras.

El próximo Congreso debe modificar la ley 26122, para que no se pueda legislar por decreto basándose en el simple silencio de una Cámara.

Es esencial a la República la plena libertad de prensa. La Corte condenó a la provincia de Neuquén, el 5/9/2007, por privar de publicidad oficial a un diario crítico al Gobierno, señalando que éste "no puede manipular la publicidad, dándola o restándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios? afectando la libertad de prensa", y ordenó a la provincia presentar, en un mes, un plan de distribución oficial que respete las pautas de la decisión.

Por un fallo reciente, dictado en una acción promovida por Poder Ciudadano, nos enteramos de que el Estado gasta un millón de pesos por día en publicidad oficial, y que ésta aumentó 60% desde 2003; y corroboramos que esa pauta publicitaria se reparte entre los medios sin respetar pauta objetiva alguna. Entre 2007 y 2008 se presentaron diez proyectos de ley para regular con objetividad el tema, pero la mayoría oficialista del Congreso impidió su tratamiento.

De modo que el Parlamento deberá establecer pautas objetivas para evitar el prorrateo de dinero según el apoyo o la crítica de cada medio a la política oficial. Para ello, le resultará útil revisar el excelente estudio Legislación comparada sobre regulación de publicidad oficial , de la Asociación por los Derechos Civiles (www.adc.org.ar), donde conocerán los modelos de Canadá, España, Italia y el Reino Unido.

También en relación a la libertad de prensa, el Congreso debe advertir que, en el proyecto oficial de "Ley sobre servicios de comunicación audiovisual", la autoridad de aplicación tendrá a su cargo "sustanciar los procedimientos para los concursos, adjudicación directa y autorización para la explotación de servicios de radiodifusión" y "la aplicación de sanciones por violación a disposiciones de esta ley", conforme a decisiones del Gobierno, ya que dicha "autoridad (...)actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo con un directorio de siete miembros, cinco de los cuales serán designados por dicho Poder" (arts.10, 14, 12, 89).



El próximo Parlamento deberá defender la República federal adoptada por artículo 1 de la Constitución Nacional, desvirtuada en la distribución del dinero entre la Nación y las provincias. Un ejemplo patético es el reparto del impuesto al cheque, que en 2009 redituará 22.340 millones de pesos: la Nación se lleva el 85,02%, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se reparten el 14,98%. En el Senado, al discutirse el tema en 2008, la mayoría de los legisladores omitió defender a sus provincias; sólo veinte senadores defendieron la coparticipación del 100%, mientras que cuarenta y cinco senadores -del oficialismo y aliados- votaron la inicua distribución actual en favor de la caja nacional, y diez senadores se abstuvieron. Me satisface recordar que los tres senadores de mi provincia -Santa Fe-, Giustiniani, Latorre y Reutemann, votaron por la coparticipación total del impuesto, en defensa de sus mandantes y del federalismo.

El Congreso renovado deberá liquidar el modelo unitario que rige, por medio del manejo de los dineros públicos.

Debe haber, entonces, en el próximo Congreso, una conjura republicana, un entendimiento de los legisladores por encima de banderitas de sectores y conveniencias personales -y sin el lenguaje de pelea que a veces se oye, como si entre nosotros hubiera enemigos- para así devolvernos, con pasión argentina, la República Federal que describe la Constitución: sana, impoluta, vigorosa.
Sin volver a recibir las manchas que hoy la agravian: el acopio indebido de poder, las provincias mendigando a la Nación.

Nunca más 1788.

El autor fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: La Nación. Miércoles 3 de junio de 2009.

Padre, he sido designado Juez.

"No sé hijo mió, si celebré o lloré la noticia que me das de haberte nombrado Su Majestad con esa toga. Contémplate en una esclavitud honrosa; más al fin, esclavitud.

Ya no eres mío, ni tuyo, sino todo del público.

Las obligaciones del cargo de Juez no sólo te emancipan de tu padre, también debes desprenderte de ti mismo.

Se acabó el mirar por tu comodidad, por tu salud, por tu reposo, para mirar por tu conciencia. Tu bien propio lo has de considerar como ajeno y sólo el público como propio.

Ya no hay para ti paisanos, ni amigos, ni parientes…Vuelvo a decirte hijo mío, que no sé si lloré o celebré la noticia.

Veo puesta tu alma en un continuado riesgo de perderse. Estoy por arrojarme a decirte que el oficio de Juez es una ocasión próxima de pecar que dura de por vida…

El que duda si tiene la ciencia suficiente o la salud necesaria para cargar con tan grave peso; el que no siente en sí tu corazón robusto, invencible a las promesas o amenazas de los poderosos; el que se ve muy enamorado de la hermosura del oro; el que se conoce muy sensible a los ruegos domésticos, amigos o parientes, no puede mi sentir entrar con buena conciencia en la Magistratura…

Más si has decidido tu ingreso, una vez que la toga te sea impuesta sobre tus hombros, deberás ser como la encina, a cambio de ser derribado de cuajo y nunca inclinarte como la débil caña al soplo del viento.

Tus pasiones, que has de tenerlas como hombre que eres, deberás dejarlas en los estrados del Tribunal, pues has de juzgar sin afectos y sin odios.

Tampoco deberás considerarte, por grande que sea tu talento, genio inspirador, sino modesto servidor de la Justicia.

El aplauso y la gloria han de estar lejos y sólo la conciencia del deber cumplido constituirá tu más cara satisfacción.

Y al final de tus días, en la soledad de tu retiro, deberás no obstante prepararte para el más difícil de los juicios, porque ese día, sólo y despojado de todo poder sobre los hombres, deberás enfrentar al más implacable de los jueces…tu conciencia.

Ella pondrá a la hora de tu muerte, en tu boca, una sonrisa tenue y dulce o la mueca más amarga que la hiel.

Por todo esto hijo mío, no sé si congratularme o llorar por ti un Juez”.

Constituciones usadas como juguete.

Las constituciones provinciales no deben modificarse según los caprichos de los gobernadores de turno, como ocurre ahora en la Provincia de Tucumán.



Es lamentable, que en la tierra natal de Juan Bautista Alberdi, la máxima autoridad provincial no comprenda que los mandatos deben tener un término, caso contrario se pone en riesgo nuestra endeble democracia obtenida tras un largo camino de penurias y sacrificios.

Debiera oir al mandatario de nuestra hermana República de Brasil, Señor Luiz Lula da Silva, quién con énfasis dijo en Holanda: "Pobre del gobernante que comienza a estimar que es insustituible. Está naciendo, dentro suyo, una pequeña porción de autoritarismo o prepotencia.

El diario "La Nación" en su editorial del día de la fecha, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de no convertir a nuestras constituciones en juguetes que se adaptan a nuestro más mezquinos intereses personales.

"Por segunda vez en menos de tres años, la Constitución de Tucumán volverá a ser modificada para satisfacer la ambición política y el afán de perpetuación del gobernador José Alperovich.

Si bien el mandatario pretextó que la reforma que impulsa pretende solucionar el problema de la designación de los jueces en su provincia, es sabido que su verdadero objetivo es la reelección para un tercer mandato consecutivo.

La Constitución provincial ya fue reformada durante la gestión de Alperovich, trámite que le permitió al gobernador su reelección en 2007. Pero la propia Constitución en su redacción actual impide que un gobernador que ha sido reelegido para un segundo período consecutivo pueda ser elegido para un tercer mandato, a menos que haya un intervalo entre el segundo y el tercero.

Ese intervalo es el que quiere obviar Alperovich. En 2006, el gobernador empleó el mismo argumento: que era preciso reformar la Constitución de 1990 para solucionar la designación de jueces. Aquella modificación incluyó la reelección, pero lo que no solucionó fue el tema de los jueces.

El 8 de septiembre del año pasado, la Corte Suprema de la provincia, ante una demanda promovida por el Colegio de Abogados, declaró inconstitucional la facultad del Poder Ejecutivo de organizar por decreto el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), encargado de la selección de los jueces, como lo permite el texto de 2006. Y, en diciembre del año pasado, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó una medida cautelar por la que ordenó que el Poder Ejecutivo se abstuviera de designar en forma directa y sin ningún proceso de selección previa los jueces subrogantes para así cubrir provisionalmente las treinta vacantes de magistrados que hay en la actualidad.

Esa medida cautelar impidió que el Poder Ejecutivo aplicara la ley que lo autorizaba a nombrar jueces provisionales sin mecanismo de selección hasta que se cerrara la discusión sobre la integración del CAM. Una característica de Alperovich es la de someter al Poder Judicial. Con el Legislativo no tiene inconvenientes: 44 de los 49 legisladores son oficialistas.

Las ansias de perpetuación que llevan a modificar los textos constitucionales no son exclusivas del gobernador tucumano. Como se recordará, Carlos Rovira fracasó en 2006 en el plebiscito para reformar la Constitución de Misiones con vistas a su reelección indefinida. Pero hoy Rovira maneja tanto la Justicia como la Legislatura de Misiones, y podría ser candidato a gobernador en 2011.

En Río Negro, el gobernador Miguel Saiz acarició la idea de una reforma que le permitiera un tercer mandato, aunque hoy su imagen está un tanto empañada. La Constitución de Catamarca contempla la reelección ilimitada desde 1988 y lo mismo ocurre con la de Santa Cruz desde que el entonces gobernador Néstor Kirchner impulsó su reforma en 1998.

En cambio, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, afirmó públicamente que no pretende reformar la de su provincia y que no busca su reelección. Lo mismo han manifestado Gerardo Zamora en Santiago del Estero y Juan José Luis Gioja en San Juan.

Una Constitución no puede ser un juguete para armar y desarmar, según el criterio y la ambición del gobernador de turno que no se resigna a abandonar el poder. Reformarla para permitir terceros mandatos o reelecciones indefinidas es reducirla a una herramienta política de coyuntura. Quienes impulsan con esos fines dichas reformas, por más que cumplan con las formalidades que conducen a la modificación, se ubican por encima de la Constitución y no a su servicio, como deberían estar."

EN DEFENSA DE LA CONSTITUCION NACIONAL

Una constitución es, para casi todos los países del mundo, una ley fundamental de la Nación o, como dijo con acierto Juan María Gutiérrez, la Nación hecha ley.

Por ello, si esa norma fundamental, que nos da identidad como nación, no es fielmente acatada en todos sus dictados y se ve sometida permanentemente a los caprichos de gobernantes de turno o a intereses económicos sectoriales, pierde su condición de tal y convierte a los habitantes de nuestra nación en un pueblo sin patria, privándonos como individuos o como colectividad organizada, de concretar la misión, el destino y la empresa colectiva que se propusieron nuestros constituyentes al dar forma a nuestra ley fundamental.

En la actualidad, los argentinos somos un conglomerado de ciudadanos desorientados, que buscamos a diario una señal que nos ilumine el futuro y nos permita alentar la esperanza de recuperar la patria que nos legaron nuestros próceres. Queremos plasmar el anhelo de vivir en un Estado de Derecho que nos posibilite expresar, con orgullo, que nuestra patria es una nación libre y soberana, que nos brinda un porvenir para nuestros hijos y nos da la posibilidad de conseguir la felicidad buscada.

¿Como hacer para recuperar lo perdido? ¿Cuando comenzar a cambiar las cosas? ¿Como hacer realidad ese anhelo? De una manera efectiva y simple. Cada uno de nosotros debe constituirse en el más celoso cancerbero de nuestra Constitución Nacional. No debemos permitir que se violen sus disposiciones, cualquiera sea la razón invocada.

Quizás no podamos modificar las cosas de un día para el otro. Tampoco es posible cambiar mágicamente la provincia en que geográficamente habitamos o mejorar la ciudad en que vivimos. Pero si debemos comenzar a modificar las cosas, allí donde podemos: en el seno de nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres cotidianos y en todo aquello que esté a nuestro alcance, cumpliendo nuestras obligaciones y defendiendo nuestros derechos, expresando con pasión y en todo momento, que solo cumpliendo la ley seremos realmente libres. Y la primera ley que debemos cumplir es la Constitución Nacional.

Hagamos sentir nuestro poder como pueblo. Defendamos nuestra Constitución Nacional como el primero y fundamental paso para comenzar a transitar el camino del cambio.

Que, como dijo Guillermo Furlong. S.J. , cada argentino, sumergido en la tradición y en la unidad, se sienta como una gota en la onda del río de la historia, porque como individuos debemos conocer y realizar nuestra misión y destino individual pero como ciudadanos hemos de colaborar generosamente en la misión y el destino de la Patria, coadyuvando por todos los medios en la empresa común que, en los anales de la humanidad, está signada a la República Argentina.

Nuestro blog, quiere transitar ese camino, hacer su pequeño aporte para comenzar la marcha hacia un nuevo rumbo, brindando un espacio de expresión a todos aquellos que sueñan que en nuestro querido suelo impere el Estado de Derecho. En definitiva, vivir en una Argentina en el que la Constitución sea respetada.