Un grupo de personas preocupadas por la vigencia de los derechos fundamentales de la comunidad ha decidido constituir una asociación con el solo objetivo de remediar 14 años de injusticia y lograr la reincorporación del doctor Eduardo Sosa al Poder Judicial de Santa Cruz.
El doctor Sosa, que acreditaba 15 años de antigüedad desempeñando funciones judiciales con honestidad, eficiencia e independencia en la Justicia de esa provincia, fue literalmente despedido del cargo de procurador general de la Corte local de una manera completamente inconstitucional.
El episodio ocurrió en 1995, cuando Néstor Kirchner gobernaba el distrito y su esposa era diputada provincial. Su pecado capital consistió en iniciar una investigación sobre el pago extrajudicial de los suculentos honorarios derivados del juicio por regalías petroleras conocido como "los fondos de Santa Cruz".
Insólitamente, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó tres fallos ordenando su reincorporación, hace 14 años que viene peregrinando por los tribunales buscando justicia.
El caso, con sus variadas etapas, afectó el principio de inamovilidad de los funcionarios judiciales y, por ende, el de independencia del Poder Judicial.
Luego vino la desobediencia flagrante a fallos del máximo tribunal de la Nación.
Después de tanto tiempo transcurrido, esta llaga judicial todavía está abierta y resulta de suma importancia cauterizarla por dos motivos:
En primer lugar, es muy preocupante, por no decir escandaloso, que los fallos del más alto tribunal del país sean incumplidos y se conviertan así en letra muerta. Conducta que, por otra parte, encuadra en el delito de desobediencia a la autoridad del magistrado, establecido en el Código Penal.
En segundo lugar, resulta indispensable que este caso sea tomado como un fuerte mensaje que rompa una costumbre en el ejercicio de los poderes lamentablemente muy arraigada. Claudicante costumbre que se traduce en que cuando el Ejecutivo está fuerte no puede ser limitado ni controlado. Si acaso algún funcionario intenta cumplir con su función constitucional se lo echa y listo.La cuestión hoy recobra vigor. Además del lógico temor que inspira el actual Consejo de la Magistratura, una importante causa de la formidable impunidad de la que gozan los funcionarios y allegados al poder es el miedo que algunos jueces tienen a que les pase lo mismo que al doctor Sosa, cuya lamentable tragedia jurídica es ampliamente conocida en los ámbitos judiciales de la Argentina.
Este flagrante atentado a la Justicia es visto como un contundente y triste ejemplo del destino que podría aguardar a los funcionarios que "fastidian" al poder.
De esta manera, se apunta a disciplinar y a subordinar a los magistrados a los intereses del poder político.
Animados por un sentimiento de indignación ante esta injusticia, el doctor Andrés Vivanco, ex fiscal de Santa Cruz, promotor de investigaciones sobre los fondos de la provincia girados al exterior, también perseguido por su independencia; el ex diputado nacional Rafael Flores, que denunció durante años los abusos del poder kirchnerista en la provincia patagónica; el doctor Marcos Oliva Day, otro ex fiscal provincial perseguido por haber declarado la inconstitucionalidad de la reforma a la Constitución santacruceña que permitió la reelección indefinida del entonces gobernador Néstor Kirchner, y el prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay, tenaz defensor de esta causa, participan de una importante iniciativa a la que esperan sumar adhesiones tanto en el país como en el extranjero.
Se proponen, entre otras acciones, solicitar al Ministerio de Educación de la Nación y a los ministerios provinciales de esa cartera la incorporación del "Caso Sosa" a los programas de estudio de todas las materias relacionadas con la formación ciudadana de los alumnos, primarios y secundarios, al igual que a los rectores de todas las facultades de Derecho y Ciencias Sociales del país para que este caso sea analizado en los programas de las materias afines.
También se proponen convocar a los miembros del Congreso, a representantes de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil y de congregaciones religiosas para que se pronuncien sobre este tema, puntualizando que no puede existir una política de derechos humanos efectiva sin una Justicia independiente.
Su actitud debe ser bienvenida. En Santa Cruz no sólo fueron violentadas las instituciones con el velado propósito de silenciar a los funcionarios judiciales independientes, sino que también se produjo una manifiesta denegación de justicia, derivada del incumplimiento de los fallos del más alto tribunal de la Nación.
Fuente: Miércoles 5 de Agosto de 2009 - lanacion.com
