jueves, 4 de febrero de 2010

EL mal llamado partido de los jueces.

Parece que el Gobierno tiene un ataque de nervios. La Presidenta, en expresión poco feliz, lamentó no ser "un genio" para "hacer desaparecer a unos cuantos". Su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, con deficientes conocimientos del derecho, se permitió calificar como "vergonzosa" y "horrenda" una sentencia de primera instancia, que luego fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a quien se le está por promover un juicio político por no acatar decisiones judiciales, denunció, por su parte, las sentencias adversas al Poder Ejecutivo como muestra de un pretendido "partido de los jueces". Según era de prever, el señor Kirchner salió de inmediato a sumar a ese "partido" a una onírica conspiración de la que participarían sus opositores.

No hubo una percepción similar, por cierto, cuando el juez Oyarbide, en fallo culminante de primera instancia, absolvió al matrimonio gobernante del cargo de enriquecimiento ilícito. Eso ocurrió en instancia única, sin apelación del ministerio público ni tampoco de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En ese caso tan curioso, los Kirchner y sus acólitos entendieron que la Justicia fue perfecta y ajena a cualquier partido corporativo.

Resulta, entonces, poco serio que una visión facciosa de los fallos judiciales a los que se ensalza o se denigra de acuerdo con las propias conveniencias, pueda ser sostenida desde tan altos sitiales del Gobierno. Sitiales en los que la mesura, la grandeza de espíritu y el respeto por el bien común son valores que deberían primar frente al ataque permanente y la búsqueda de la confrontación vana. Tan evidente como inaceptable es esa incoherencia para el común de la ciudadanía que las últimas encuestas han mostrado un nuevo descenso de la imagen presidencial.

En ese descenso desordenado que arrastra, como una avalancha de nieve, todo lo que encuentra al paso, el kirchnerismo pretende agregar al alud a sectores políticos, grupos económicos, medios de prensa y hasta órganos del Estado. Las juezas de primera y segunda instancia que han fallado contra los DNU presidenciales ?y que para hacerlo no han necesitado recurrir a la reivindicación de género en la que habitualmente se refugia la Presidenta? han sido sumadas al presunto "partido judicial" por el ex presidente y sus acólitos.

Se trata de un recurso retórico puesto de moda en la política nacional por el actual oficialismo. En realidad, no están inventando nada nuevo. Lo que en la doctrina constitucional se denomina en realidad "gobierno de los jueces" ha sido estudiado por los autores norteamericanos, por nuestros propios constitucionalistas y por los tratadistas europeos que se han ocupado del equilibrio de los poderes en un Estado republicano.

Se dice, en efecto, que hay "gobierno de los jueces" cuando el Poder Judicial avanza sobre cuestiones políticas no justiciables, emanadas de los otros órganos del Estado. La declaración del estado de sitio o de guerra, por ejemplo, no serían susceptibles de ser revisadas por los jueces. Hacer lo contrario significaría una extralimitación del Poder Judicial. Por eso, en especial en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos desde la época del legendario juez Oliver Holmes, la doctrina del self-restraint, es decir, de la propia restricción de los jueces, tiene una clara definición. Con esa perspectiva ha sido adoptada también desde hace cincuenta años por nuestra jurisprudencia. Ante esto, hablar de un "partido de los jueces" constituye, por lo menos, una paradoja anacrónica.

En el caso que tanto desvela al matrimonio gobernante no es que los jueces hayan avanzado sobre decisiones políticas, sino que es el Poder Ejecutivo el que se ha extralimitado en sus competencias. Cuando eso sucede, son los jueces, como guardianes de la Constitución y las leyes quienes deben fijar los límites. Esa función concerniente al juego de las instituciones de la República no podría ser negada por el Poder Ejecutivo, salvo que se arrogue a sí mismo el poder de interpretar la Constitución. Sería el mismo fenómeno que se produjo en Francia, en 1790, cuando el gobierno revolucionario, por los decretos de agosto, prohibió a los jueces que interpretaran las leyes.

Con esa decisión, inicialmente aceptada por la dinámica que imponía el cambio de régimen, se abrió paso al camino del terror. Su máximo símbolo fue la guillotina. Si a la ley no la interpreta un juez, será interpretada por el déspota de turno o por cada individuo en su propio beneficio, lo que constituiría una vuelta, lisa y llana, a la ley de la selva.

Cabe pensar que cuando el kirchnerismo, en otra suerte de explosión irracional, habla del "partido de los jueces" sumándolo a supuestas conspiraciones de tipo caribeño, lo hace para tener algo que decir a los cada vez menos fieles seguidores. Pero si detrás de la retórica se ocultase la voluntad de entronizarse en el único intérprete de la ley, entonces la República viviría horas aciagas que deben evitarse.

FUENTE: Diario "La Nación". Noticias de opinión, jueves 4 de febrero de 2010. Publicado en la edición impresa.

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