En el día de ayer, se realizó una audiencia pública en la Legislatura de la ciudad de Salta, a fin de escuchar la opinión de representantes de distintos sectores de la comunidad salteña, referidas al proyecto de ley que nos ocupa. Es de destacar la conducción de la Senadora Liliana Negre de Alonso, en su condición de titular de la comisión de Legislación General del Senado Nacional, quién en todo momento dio muestras de respeto por la audiencia y por permitir que cada participante pudiera expresarse libremente. Estuvo acompañada en la oportunidad por sus pares José Cano, Sonia Escudero, Adriana Bortolozi y Mario Cimadevilla, de la citada comisión. También participaron de la coordinación del debate los senadores salteños Juan Carlos Romero y Juan Agustín Pérez Alsina.
La mayoría de los participantes rechazaron el proyecto de ley que propicia el casamiento de personas del mismo sexo y la adopción de niños, y se manifestaron en defensa de la familia y el respeto por los valores culturales.
En tanto, las voces a favor de la iniciativa, que fueron muchas menos, plantearon la necesidad de dejar de lado el hecho de que por la condición de sexo no se pueda tener igualdad, derechos ni obligaciones que el resto en cuanto al matrimonio.
Particulares, integrantes de organizaciones intermedias, profesionales y representantes de diversos credos expusieron sus posiciones sobre el polémico proyecto durante más de 12 horas.
A continuación ponemos de manifiesto la postura escrita por los señores Manuel Rafael García-Mansilla y Manuel José García-Mansilla, expuesta por el primero en la audiencia pública, que es la opinión de nuestro blog.
Señores senadores nacionales, gracias por brindarnos la oportunidad de expresar nuestras ideas y opiniones y cumplir el sagrado juramento de acatar la Constitución Nacional.
El proyecto de ley que van a considerar es inconstitucional y el Poder Legislativo no tiene facultades para hacer lo que pretende. Porque?
Porque el proyecto aprobado en diputados, propone un “cambio en la conceptualización de la institución jurídico-civil del matrimonio” y el Poder legislativo no está facultado para aprobar ese cambio.
Si bien es cierto que tienen facultades en lo formal, no ocurre lo mismo si se analiza la cuestión desde una perspectiva sustancial.
A la luz de lo establecido en los artículos 30 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación no tiene facultades para modificar, por sí solo, los conceptos de matrimonio y familia, ya que los mismos han sido previamente reconocidos y fijados en diversos instrumentos internacionales, a los que nuestra Constitución Nacional asigna jerarquía constitucional.
Dicho en otras palabras, para efectuar la modificación pretendida, se requeriría el ejercicio del poder constituyente y no de poderes constituidos.
Hay siete (7) instrumentos internacionales, con jerarquía constitucional, que se refirieron a los conceptos de matrimonio y de familia de forma explicita o implícita, “como unión entre un hombre y una mujer, es decir como matrimonio heterosexual.”
Entre ellos podemos citar:
- Declaración Universal de Derecho Humanos, en su artículo 16º.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en el punto 1 y en sus artículos 9 y 16.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en sus artículos VI y XXX. (yo pondría 6º y 30).
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17º.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 10º
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 23º.
- Convención de los Derechos del Niño, en su preámbulo y en sus artículos 5, 9, 10, 22, 24 y 37.
¿Qué significado tienen los conceptos de “matrimonio”, “esposos”, “padres”, “familia” que protegen estos instrumentos internacionales?
¿Un significado vacío que puede llenar o modificar el legislador a través de sucesivas reformas al Código Civil, o en todo caso, el concepto “histórico-social” vigente al momento en que se dictaron esos instrumentos?
En el caso del “matrimonio” no hay duda alguna que el concepto protegido en los instrumentos internacionales, es el de la unión de un hombre y una mujer.
Por ende, la modificación de ese concepto requiere del ejercicio del poder constituyente, ya que esos tratados gozan de jerarquía constitucional y no pueden ser modificados sino por los mecanismos que establece la constitución nacional. La legislación no es uno de ellos.
El proyecto de ley que van a considerar plantea dilemas éticos profundos que no han sido ni siquiera considerados.
Si se amplia el concepto de matrimonio, alterando su esencia de unión de personas abiertas a la generación y transmisión de vida, surgirán planteos para los que se requiere un debate profundo: al asimilar uno a otro, un matrimonio entre personas del mismo sexo, que no puede biológicamente engendrar vida, podrá reclamar el ejercicio del derecho a procrear. ¿Podrían acudir a la clonación? ¿Habría límites a este tipo de experimento genético? ¿Hasta donde se pretende llegar?
Señores senadores, con serena reflexión les pregunto, ¿han evaluado con responsabilidad que un eventual voto positivo, implicará un cambio sustancial en nuestro orden social, cambio que no tiene los niveles de consenso que se requieren e implicará una innecesaria división en nuestra sociedad? ¿No se está en realidad perjudicando a las personas que se dice defender en ese proyecto de ley, al imponer un cambio tan radical, sin los debidos consensos?
¿Cual es la necesidad imperiosa de modificar drásticamente una institución, que tiene un gran simbolismo cultural desde milenios, para defender los derechos de personas de un mismo sexo, cuando existen formas menos destructivas que ya tienen cierto grado de consenso?
¿Porque no tutelar sus derechos, sin violentar todo el orden social, respetando la decisión de personas de un mismo sexo a vivir juntos, pero adoptando otra solución, como la francesa del pacto social de solidaridad, o la sudafricana, aplaudida en los fundamentos del dictamen de mayoría que aprobó el proyecto de ley? En Sudáfrica coexisten una ley de matrimonio civil y una de unión civil, sin que nadie se sienta discriminado por ello.
En cuanto a la adopción: ¿porque privar a los niños de lo mejor para ellos, con el débil argumento que hay padres y madres que no educan como deben, olvidando la silenciosa y abnegada tarea de millones de familias argentinas, que educan a sus hijos con esmero?
Esto no significa privar de derechos humanos a los homosexuales, es procurar el bien superior del niño, que siempre necesita de un padre y de una madre.
¿Porque obligar a la gran mayoría de nuestro pueblo, que piensa distinto, a estar incluidos en una institución plena de valores éticos, que dio sustento a la familia, desvalorizándola y limitando la misma a una decisión basada en la orientación sexual de las personas?
No retrocedamos en el tiempo, borrando de un plumazo el sólido camino construido en defensa de la institución familiar.
La mayoría de los participantes rechazaron el proyecto de ley que propicia el casamiento de personas del mismo sexo y la adopción de niños, y se manifestaron en defensa de la familia y el respeto por los valores culturales.
En tanto, las voces a favor de la iniciativa, que fueron muchas menos, plantearon la necesidad de dejar de lado el hecho de que por la condición de sexo no se pueda tener igualdad, derechos ni obligaciones que el resto en cuanto al matrimonio.
Particulares, integrantes de organizaciones intermedias, profesionales y representantes de diversos credos expusieron sus posiciones sobre el polémico proyecto durante más de 12 horas.
A continuación ponemos de manifiesto la postura escrita por los señores Manuel Rafael García-Mansilla y Manuel José García-Mansilla, expuesta por el primero en la audiencia pública, que es la opinión de nuestro blog.
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Señores senadores nacionales, gracias por brindarnos la oportunidad de expresar nuestras ideas y opiniones y cumplir el sagrado juramento de acatar la Constitución Nacional.
El proyecto de ley que van a considerar es inconstitucional y el Poder Legislativo no tiene facultades para hacer lo que pretende. Porque?
Porque el proyecto aprobado en diputados, propone un “cambio en la conceptualización de la institución jurídico-civil del matrimonio” y el Poder legislativo no está facultado para aprobar ese cambio.
Si bien es cierto que tienen facultades en lo formal, no ocurre lo mismo si se analiza la cuestión desde una perspectiva sustancial.
A la luz de lo establecido en los artículos 30 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación no tiene facultades para modificar, por sí solo, los conceptos de matrimonio y familia, ya que los mismos han sido previamente reconocidos y fijados en diversos instrumentos internacionales, a los que nuestra Constitución Nacional asigna jerarquía constitucional.
Dicho en otras palabras, para efectuar la modificación pretendida, se requeriría el ejercicio del poder constituyente y no de poderes constituidos.
Hay siete (7) instrumentos internacionales, con jerarquía constitucional, que se refirieron a los conceptos de matrimonio y de familia de forma explicita o implícita, “como unión entre un hombre y una mujer, es decir como matrimonio heterosexual.”
Entre ellos podemos citar:
- Declaración Universal de Derecho Humanos, en su artículo 16º.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en el punto 1 y en sus artículos 9 y 16.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en sus artículos VI y XXX. (yo pondría 6º y 30).
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17º.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 10º
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 23º.
- Convención de los Derechos del Niño, en su preámbulo y en sus artículos 5, 9, 10, 22, 24 y 37.
¿Qué significado tienen los conceptos de “matrimonio”, “esposos”, “padres”, “familia” que protegen estos instrumentos internacionales?
¿Un significado vacío que puede llenar o modificar el legislador a través de sucesivas reformas al Código Civil, o en todo caso, el concepto “histórico-social” vigente al momento en que se dictaron esos instrumentos?
En el caso del “matrimonio” no hay duda alguna que el concepto protegido en los instrumentos internacionales, es el de la unión de un hombre y una mujer.
Por ende, la modificación de ese concepto requiere del ejercicio del poder constituyente, ya que esos tratados gozan de jerarquía constitucional y no pueden ser modificados sino por los mecanismos que establece la constitución nacional. La legislación no es uno de ellos.
El proyecto de ley que van a considerar plantea dilemas éticos profundos que no han sido ni siquiera considerados.
Si se amplia el concepto de matrimonio, alterando su esencia de unión de personas abiertas a la generación y transmisión de vida, surgirán planteos para los que se requiere un debate profundo: al asimilar uno a otro, un matrimonio entre personas del mismo sexo, que no puede biológicamente engendrar vida, podrá reclamar el ejercicio del derecho a procrear. ¿Podrían acudir a la clonación? ¿Habría límites a este tipo de experimento genético? ¿Hasta donde se pretende llegar?
Señores senadores, con serena reflexión les pregunto, ¿han evaluado con responsabilidad que un eventual voto positivo, implicará un cambio sustancial en nuestro orden social, cambio que no tiene los niveles de consenso que se requieren e implicará una innecesaria división en nuestra sociedad? ¿No se está en realidad perjudicando a las personas que se dice defender en ese proyecto de ley, al imponer un cambio tan radical, sin los debidos consensos?
¿Cual es la necesidad imperiosa de modificar drásticamente una institución, que tiene un gran simbolismo cultural desde milenios, para defender los derechos de personas de un mismo sexo, cuando existen formas menos destructivas que ya tienen cierto grado de consenso?
¿Porque no tutelar sus derechos, sin violentar todo el orden social, respetando la decisión de personas de un mismo sexo a vivir juntos, pero adoptando otra solución, como la francesa del pacto social de solidaridad, o la sudafricana, aplaudida en los fundamentos del dictamen de mayoría que aprobó el proyecto de ley? En Sudáfrica coexisten una ley de matrimonio civil y una de unión civil, sin que nadie se sienta discriminado por ello.
En cuanto a la adopción: ¿porque privar a los niños de lo mejor para ellos, con el débil argumento que hay padres y madres que no educan como deben, olvidando la silenciosa y abnegada tarea de millones de familias argentinas, que educan a sus hijos con esmero?
Esto no significa privar de derechos humanos a los homosexuales, es procurar el bien superior del niño, que siempre necesita de un padre y de una madre.
¿Porque obligar a la gran mayoría de nuestro pueblo, que piensa distinto, a estar incluidos en una institución plena de valores éticos, que dio sustento a la familia, desvalorizándola y limitando la misma a una decisión basada en la orientación sexual de las personas?
No retrocedamos en el tiempo, borrando de un plumazo el sólido camino construido en defensa de la institución familiar.
Sin familia no hay futuro para nuestra sociedad y el instituto del matrimonio civil, si se aprueba este proyecto, ya no será respetado como hasta ahora. Sin sociedad, no hay porvenir para nuestra Nación.
¡Sean justos! Defiendan los derechos de cada persona a elegir su modo de convivir en pareja, pero no destruyan el orden establecido.
No se lleven por delante al matrimonio para atender un planteo legítimo, pero excesivo, en cuanto a pretender tratar de asimilar como iguales, situaciones que son distintas.
Finalmente les pregunto, ¿que necesidad hay de tomar decisiones apresuradas?
¿Porque no obrar como esos países que, después de años de discusiones, no han dado la espalda a este tipo de reclamos, pero que tampoco, no han improvisado para ellos, un cambio tan drástico sin los debidos consensos?
Para terminar como ciudadano respetuoso de la Constitución Nacional y de sus autoridades constituidas, exhorto a los señores senadores a que indaguen a fondo cual es realmente la opción que promueve el bien de todos.
No sacrifiquen el bien común, en aras de defender un interés particular, antes que ello, intenten armonizar ambos bienes y verán que es posible.
No creamos, como el tartufo de Moliére, que existe esa ciencia de saber aflojar las ligaduras de nuestra conciencia y de rectificar las malas acciones con la pureza de nuestras intenciones.
Señores senadores, obren con prudencia y seriedad, estaremos atentos a su voto, aprovechen la oportunidad que tienen de hacer sentir al pueblo argentino que podemos estar orgullosos de la calidad de nuestros representantes.
¡Sean justos! Defiendan los derechos de cada persona a elegir su modo de convivir en pareja, pero no destruyan el orden establecido.
No se lleven por delante al matrimonio para atender un planteo legítimo, pero excesivo, en cuanto a pretender tratar de asimilar como iguales, situaciones que son distintas.
Finalmente les pregunto, ¿que necesidad hay de tomar decisiones apresuradas?
¿Porque no obrar como esos países que, después de años de discusiones, no han dado la espalda a este tipo de reclamos, pero que tampoco, no han improvisado para ellos, un cambio tan drástico sin los debidos consensos?
Para terminar como ciudadano respetuoso de la Constitución Nacional y de sus autoridades constituidas, exhorto a los señores senadores a que indaguen a fondo cual es realmente la opción que promueve el bien de todos.
No sacrifiquen el bien común, en aras de defender un interés particular, antes que ello, intenten armonizar ambos bienes y verán que es posible.
No creamos, como el tartufo de Moliére, que existe esa ciencia de saber aflojar las ligaduras de nuestra conciencia y de rectificar las malas acciones con la pureza de nuestras intenciones.
Señores senadores, obren con prudencia y seriedad, estaremos atentos a su voto, aprovechen la oportunidad que tienen de hacer sentir al pueblo argentino que podemos estar orgullosos de la calidad de nuestros representantes.
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