sábado, 7 de marzo de 2020

DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN. Por Ricardo Lecomte



Por Ricardo G. Leconte
Especial, para el Diario "El Litoral"

          En los últimos días ha tomado estado público la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, aprobando la creación de una cátedra optativa sobre el aborto. La cátedra se empezará a dictar desde el 1 de agosto próximo y estará a cargo de la “Red de Profesionales de Salud del Derecho a Decidir”.



          En conocimiento de todo esto, en defensa de la verdad y para información de los que no lo saben, creí conveniente adelantar la publicación de un fragmento del libro que presentaré en junio: “Mi paso por el Senado Nacional - 1983 a 1987 - Aportes a la gobernabilidad y a la recuperación de la República”, con la transcripción parcial del capítulo “Protección a la vida desde la concepción”.
La primera parte del mismo dice lo siguiente:

“Protección a la vida desde la concepción”

          Por Ley N° 23.054 el Congreso Nacional aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida igualmente como Pacto de San José de Costa Rica, que había sido firmado en dicha ciudad el 22 de noviembre de 1969. En el Senado habíamos votado por unanimidad su aprobación en la sesión del 1 de marzo de 1984. 

          En el capítulo II de dicho pacto que tiene por subtítulo “Derechos Civiles y Políticos”, en su artículo 4 incluye el “Derecho a la Vida” que dice: “1. Toda persona tiene derecho a que respete su vida. Este derecho está protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.Es un concepto claro que, entonces, tenía la fuerza de una ley para resguardar la vida y frenar cualquier intento de legalizar el aborto. Pero concretamente era solo una ley.

Convención sobre los Derechos del Niño

          Consolidando esta protección al niño por nacer, el 27/09/90 se sancionó la Ley 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20/10/89.

          En el artículo 2° de la ley establece una interpretación categórica de las disposiciones de la Convención. Y así dice: “Con relación al artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño”, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.

          En el preámbulo de la Convención aprobada se establece claramente: “Teniendo presente que como se indica en la ‘Declaración de los Derechos del Niño’, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

          En el artículo 3° precisa aún más: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 
  
          Finalmente, en el artículo 6° de la Convención, punto 1, dice: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene derecho a la vida”.

          O sea, tiene derecho a la vida desde la concepción.

          Hasta aquí dos leyes, la 23.054 y la 23.849, que tienen fuerza de ley para resguardar la vida y frenar cualquier intento de legalizar el aborto. Pero eran sólo leyes que podían ser derogadas por otras leyes del Congreso Nacional.



Reforma constitucional  de 1994

          Pero en la reforma constitucional del año 1994, incorporaron con rango constitucional diversos tratados, convenciones y pactos internacionales ya sancionados por el Congreso Nacional, entre ellos la convención americana sobre derechos humanos o pacto de San José de Costa Rica (Ley 23.054) y la convención sobre derechos del niño (Ley 23.849).

          Ahora tienen rango constitucional, están por encima de las leyes, protegen el derecho a la vida desde la concepción y no puede aprobarse una ley que legitime el aborto.

          En el artículo 75° de la Constitución Nacional, que está en el capítulo cuarto referido a “atribuciones del congreso”, en el inciso 22, ratifica la facultad de “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”. Y a continuación precisa un concepto terminante: “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. En consecuencia, dado el rango constitucional que tiene la protección a la vida desde la concepción, es jurídicamente imposible que el Congreso Nacional, y cualquier otro organismo nacional, provincial o municipal, público o privado, pueda sancionar el aborto, que es una forma irresponsable de quitar la vida a una persona por nacer, hoy protegida constitucionalmente desde la concepción.

          En el mismo artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, se ratifica el concepto de norma superior a las leyes y dice: “En las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”.

Protección constitucional  firme y vigente.

          Esta protección constitucional está vigente, firme, y por consiguiente la protección de la vida de las personas por nacer está protegida desde la concepción.

          El mismo inciso 22 al que nos referimos, establece la forma de incorporar otros tratados al rango constitucional. Necesitará el voto favorable de las dos terceras partes del total de miembros de cada cámara, o sea en la Cámara de Diputados de la Nación necesitará 172 votos a favor sobre un total de 257 miembros y en el Senado Nacional necesitará 48 votos sobre un total de 72 miembros.

          De igual manera, para excluir de la Constitución Nacional a cualquiera de los tratados que hoy tienen rango constitucional, se requiere en primer lugar la denuncia del Poder Ejecutivo y luego el apoyo de las dos terceras partes del total de los miembros de cada cámara de nuestro parlamento. O sea el voto de 172 diputados y 48 senadores.

Síntesis

          Estas normas constitucionales vigentes significan un triunfo de la vida sobre la muerte. La imposibilidad del Congreso Nacional de aprobar una ley que autorice el aborto no admite dudas. El aborto hoy es una imposibilidad jurídica. En buena hora que así sea, pues mucha gente que tiene valores nobles en su existencia, respalda, consiente, o practica el aborto, como un supuesto derecho -equivocadamente-, cuando en realidad es el derecho a matar a un niño indefenso por nacer.



jueves, 12 de julio de 2018

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA ES LA "ÚLTIMA BARRERA AL MAL"



Por Ségolène du Closel



          En Francia, acaba de renunciar una joven partera, porque no quería participar más de los abortos terapéuticos de la clínica donde trabajaba. Al mismo tiempo, residentes de medicina están atrapados en el sistema de la rotación de un servicio a otro: a uno le tocó "emergencias", donde le avisaron que lo esencial de su trabajo de los sábados a la noche es entregar la píldora del día después a chicas que tocan a la puerta del hospital. Él se niega y en ese momento también está en problemas. A una joven farmacéutica la despidieron porque se negó tres veces a vender anticonceptivos con efectos abortivos. Una enfermera en neonatología, encantada en el hospital donde trabaja, rotando de un servicio a otro, cuando le toca control del embarazo, tiene que participar de abortos. Vive el tironeo de su conciencia y pide ayuda para tomar una decisión.

          Estos profesionales tienen en común el negarse a cumplir una orden o una práctica que atenta a la vida de un tercero. Cada uno está escuchando una voz personal profunda que dice: "Esto que estás haciendo porque te lo piden o te lo imponen no se parece a vos. Te está pudriendo por dentro, como un buen vino se pierde si se le echa vinagre".


          ¿Qué nos dice esto? Que la libertad de conciencia es la "última barrera al mal". Cuando a uno le quieren imponer realizar uno de esos actos que dañan gravemente a terceros: robos, mentiras, corrupción, homicidios, la objeción de conciencia es la sensibilidad al bien y el coraje que permiten tomar esa decisión: "El mal no pasará por mí".

          La objeción de conciencia supone que existen leyes y órdenes injustos. Algunos de menor entidad, como pueden ser impuestos fuera de lugar. A estos se obedece, para no caer en anarquía. Pero a las leyes injustas que tocan el respeto a la vida de una persona, que se suelen votar por una compasión mal entendida, el sentido de la Justicia exige desobedecer, porque este último es superior a las leyes positivas.

          Los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial tienen esa realidad grabada a fuego, por el juicio de Núremberg. Se encarceló en esa ciudad alemana a 24 altos funcionarios del Tercer Reich, todavía vivos en octubre 1945, como Hermann Göring o Rudolf Hess. Varios de los acusados expresan en su defensa: "No hemos hecho nada más que obedecer órdenes". La sentencia llega, y les reprocha exactamente esto: "No haber desobedecido a órdenes injustas". El tribunal internacional pone a la luz, en pleno siglo XX, que unos actos son universalmente reconocidos como malos, y que obedecer a tales órdenes es un crimen. Los artículos 7 y 8 de los estatutos del Tribunal Internacional de Núremberg instituyen la "imposibilidad de esconderse atrás de la obligación de obedecer".


          Núremberg reconoce así desde una experiencia práctica que existe la conciencia, esa capacidad personal íntima de discernir algo que es absoluta y universalmente dañino para el hombre. Esa capacidad es como un hilo invisible que une a toda la humanidad, que atraviesa culturas y épocas. Una voz que no solamente cada uno puede escuchar en sí mismo, sino a la cual es imperativo obedecer, so pena de cometer una injusticia del mismo tamaño que la que nos mandan hacer. El precio de esa negación es mantener la integridad de la conciencia. La conclusión de Núremberg es que la objeción de conciencia es un deber.

          Europa, después de Núremberg, se empapó también de la noción de la "banalidad del mal" que desarrolló Hannah Arendt acerca del juicio de Adolf Eichmann, funcionario del Tercer Reich, refugiado en Argentina hasta su juicio en 1961. Explica la filósofa, enviada especial a Jerusalén para cubrir el juicio por la revista The New Yorker, que no hace falta ser un monstruo para participar de un crimen contra la humanidad; basta con ser una persona común, incluso mediocre, que obedece a una orden injusta. A Eichmann lo examinaron seis psicólogos durante el juicio, todos concluyeron que no tenía enfermedad psicológica. Él cumplió su trabajo: no solo obedeció a órdenes, también obedeció a la ley. En sus palabras, no hay muestras de antisemitismo ni de odio. Sin embargo, la acumulación diaria de actos de maldad, en cadena, puede llegar a la industrialización del mal. Atrás de la banalidad y de la banalización está el mal a gran escala…

          En Francia, desde que se despenalizó el aborto, en 1974, que se legalizó, en 2001, y que se declaró "derecho fundamental", en 2014, ningún gobierno se atrevió a tocar la objeción de conciencia de los médicos, tanto personal como institucional. Véase el articulo L162-8 de la ley 75-17, modificada por la ley 79-1204: "Un médico no está nunca en la obligación de practicar una interrupción voluntaria del embarazo (…). Una institución de hospitalización privada puede negarse a que interrupciones voluntarias del embarazo sean practicadas en sus instalaciones". Lo contrario sería un atentado demasiado grave a la libertad personal, fundamento del pacto democrático. Se respeta el principio según el cual "nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia", porque la conciencia del bien y del mal es lo más valioso que posee cada persona.

          Al tener como objeto proteger un bien absoluto como es la vida, la objeción de conciencia es más que un derecho, es un deber. Un gobierno no puede obligar a nadie a actuar contra su conciencia. Y si lo hace, se desvirtúa como gobierno democrático. "Así, respeto del negarse a practicar un aborto, ni la Corte Europea de los Derechos Humanos, ni el Comité de la Carta Social Europea, ni el Comité de los Derechos Humanos condenan a los médicos objetores. Al revés, estas instancias reconocen el derecho de estos médicos, al menos implícitamente. Cuando en 2015 condenaron a los gobiernos de Polonia e Italia, no fue porque garantizan el derecho a la objeción de conciencia, sino porque no habían organizado el acceso al aborto que habían elegido legalizar libremente". (cf Gregor Puppinck, ECLJ, 2016).

          Si una ley democráticamente votada pudiera llegar a restringir la objeción de conciencia, personal o institucional, un buen número de ciudadanos estarían jugando su trabajo, su reputación, su libertad de movimiento. Se estaría abriendo en Argentina un "tiempos de héroes", para nada favorable a un país democrático, tanto por su imagen internacional como por los obstáculos que les pondría a ciudadanos rectos, empeñados en seguir su conciencia, los que más pueden ayudar al crecimiento de un país.


La autora es bioeticista y doctoranda en Ciencias Sociales (USAL).

Fuente. Infobae 10 de julio de 2018.

EL DOCTOR MANUEL JOSÉ GARCÍA-MANSILLA EXPRESA ANTE EL SENADO NACIONAL LAS RAZONES DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE LEGALIZACIÓN DEL EMBARAZO.


Por el doctor Manuel José García-Mansilla




lunes, 9 de julio de 2018

SI, HAY OBSTÁCULOS CONSTITUCIONALES PARA LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO




Por Manuel José García-Mansilla

La doctora Mónica Pinto publicó una columna de opinión de título contundente: "No hay obstáculos constitucionales para la despenalización del aborto". Según la ex decana de la Facultad de Derecho de la UBA, el Congreso está por aprobar un proyecto de ley para despenalizar el aborto y esa medida es perfectamente constitucional. No solo eso: desde la perspectiva de los derechos humanos, el Congreso está prácticamente obligado a sancionar esa ley. Además, quienes se oponen al aborto lo hacen desde una postura inadmisible: pretenden imponer estándares de conducta basados en argumentos o convicciones religiosas.

Creo que lo que intentó ser un aporte al debate genera innecesaria confusión. Lo primero que hay que aclarar es que el Congreso no debate la sanción de un proyecto de ley para despenalizar el aborto, sino uno que pretende consagrar su legalización. ¿Es lo mismo despenalizar que legalizar? No. Despenalizar implica que una conducta delictiva deja de ser sancionada con una pena en determinadas circunstancias. Así, por ejemplo, pese a que el homicidio es un delito, si una persona responde proporcionalmente una agresión y mata a su agresor, lo más probable es que no reciba pena alguna en nuestro país. La razón es simple: el Código Penal contempla una causal de no punibilidad llamada "legítima defensa". Pero sería absurdo que esa persona derive de esa causal de despenalización un derecho para poder matar a su agresor y para exigirle al Estado que le provea los medios para hacerlo. Eso es exactamente lo que se pretende al legalizar el aborto: a diferencia de la despenalización, la legalización implica que esa conducta deja de ser delictiva y pase a ser considerada como un derecho.

Esta distinción conceptual entre despenalización y legalización tiene consecuencias prácticas concretas. La legalización eleva al aborto a la categoría de derecho humano cuyo ejercicio debe ser solventado con fondos públicos. Y al convertirlo en un derecho, se permite que un tercero pueda desarrollar una actividad con fines de lucro y ofrecer, por ejemplo, un servicio para abortar en un establecimiento privado.

Es evidente, entonces, que el análisis correcto es determinar si existen obstáculos constitucionales para la legalización que se intenta. Y acá la respuesta es diametralmente opuesta a la que nos ofrece la doctora Pinto: sí, existen esos obstáculos. Algunos de ellos surgen de las mismas normas que menciona su columna de opinión. Otros, en cambio, surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño que, a pesar de ser decisiva desde la perspectiva constitucional, es llamativamente ignorada.

Una de las normas de jerarquía constitucional que impiden la legalización del aborto es la letra de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). El artículo 4.1 dispone: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción". Como bien señala la doctora Pinto, esa redacción no es absoluta: se establece una regla (la protección a la vida a partir del momento de la concepción), pero que puede tener excepciones (esa protección es "en general"). Sin embargo, la legalización del aborto de forma irrestricta hasta la semana 14 del embarazo destruye esa regla. La ley no protegería "en general" la vida desde la concepción, sino que protegería el aborto de forma irrestricta durante los primeros 3 meses y medio del embarazo. Es evidente que esa legalización es incompatible con la letra de la CADH.

Otra norma importante, que resulta sorprendentemente ignorada por la doctora Pinto, es la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención tiene jerarquía constitucional "en las condiciones de su vigencia" (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional). Cabe recordar que cuando el Congreso aprobó esta convención, le ordenó al Poder Ejecutivo que hiciera la siguiente declaración unilateral al momento de ratificarla en sede internacional: "Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad" (artículo 2, ley 23849). A su vez, el artículo 6 de esa misma convención dispone que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

El sentido común indica que la legalización del aborto tiene aquí un obstáculo constitucional insalvable. En efecto, en nuestro país (i) "debe interpretarse" que "niño" es todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años, (ii) todo "niño" tiene el derecho intrínseco a la vida y a que se le garantice la máxima medida posible de supervivencia y desarrollo, y (iii) la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional "en las condiciones de su vigencia". Por ende, el Congreso no puede sancionar una ley que desconozca lo que establece la letra de una convención que, a su vez, tiene una "jerarquía constitucional" superior por imperio de la propia Constitución.
Esta declaración unilateral de la Argentina modifica los efectos jurídicos de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que extiende el derecho intrínseco a la vida de los "niños" hasta el momento mismo de la concepción. Esta declaración, además, integra las condiciones de vigencia de la Convención para nuestro país y así fue elevada a jerarquía constitucional como parte de esas mismas condiciones.


Se intenta rebatir esta postura con el argumento de una pretendida obligatoriedad de interpretar nuestra Constitución a la luz de ciertos pronunciamientos de diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos. Esos pronunciamientos no son obligatorios para la Argentina. Su eventual aplicación se basa en una interpretación forzada y sacada de contexto de la expresión "en las condiciones de su vigencia" en la Constitución. Si aquellos que defienden esa interpretación se tomaran en serio el texto constitucional, deberían reconocer que anula el párrafo siguiente ("no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución"). El lector perspicaz podrá advertir que se trata de una interpretación un tanto peculiar: implica, necesariamente, asumir que había videntes en la Convención Constituyente de 1994 que pudieron anticipar que esos pronunciamientos futuros de organismos internacionales no derogaban alguno de los primeros 35 artículos de la Constitución. Absurdo.

No deja de llamar la atención que la doctora Pinto nos prevenga de una suerte de "imperialismo moral" y a renglón seguido exija que acatemos a rajatabla observaciones o recomendaciones de organismos internacionales que no son obligatorias, que surgen de una élite de burócratas que no tienen legitimación democrática alguna, que no tienen responsabilidad en nuestro país y que no nos rinden cuentas como cualquier funcionario público interno (sea a través de elecciones, mecanismos de control o de remoción). No se me ocurre un caso más evidente de imperialismo moral.

Hago una última observación. La doctora Pinto repite una idea instalada: quienes se oponen al aborto lo hacen a partir de una creencia religiosa o de meras convicciones personales. Si bien esto es falso, no se advierte con el mismo énfasis que podría endilgarse algo similar pero exactamente al revés: muchos de los que defienden el derecho a abortar creen que no hay vida humana a partir de la concepción. Esta es una creencia que no se basa en datos empíricos o científicos, sino que expresa una mera preferencia moral, política o ideológica. Por ende, aun cuando pretendan exigir que el Estado sea neutro en la cuestión y que sea la mujer la que decida, la posición que defienden está lejos de esa declamada neutralidad. Y esto con un peligro adicional: ¿el Congreso puede decidir en qué momento nos volvemos humanos? ¡No! Trazar una línea, que va a ser siempre arbitraria, implica negar el concepto mismo de los derechos humanos. Esos derechos no dependen de una convención, es decir, de una decisión de una mayoría circunstancial que determine si los considera o no dignos de protección. ¡Todo lo contrario! Esos derechos son un límite insalvable a cualquier decisión que la mayoría quiera tomar. Si abandonamos esta idea, los derechos humanos dejan de existir y solo nos quedan los "derechos" que la mayoría decida respetar. Y ese no es, precisamente, nuestro sistema constitucional.


El autor es abogado, doctor en Derecho Constitucional y Master of Laws (Georgetown University Law Center).

DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN. Por Ricardo Lecomte

Por Ricardo G. Leconte Especial, para el Diario "El Litoral"           En los últimos días ha tomado estado público la decisión ...