Volver a la República
Gustavo Bossert

El Congreso Nacional, que pronto tendrá nueva integración, deberá asumir la tarea, o más bien la misión histórica, de poner fin a este anacrónico 1788 al que hemos descendido -el año anterior a la Revolución Francesa que expandió en Occidente el ocaso de las monarquías absolutas- para recuperar la plenitud y el esplendor de la República.

Tendrá a su cargo, entonces, desmontar la suma de poderes que, en estos años, una mayoría de legisladores le otorgó al Poder Ejecutivo, violando los límites que impone la Constitución, y, de este modo, volver a la legalidad, al equilibrio, al camino de la civilización.

El bastión de los derechos de la gente es la Justicia. Bajo la plena separación de los poderes no hay seducción ni amenaza de un Gobierno que pueda torcer la decisión de un juez independiente y honorable. Por ello, para dar garantía a la necesaria independencia, la reforma constitucional de 1994 creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuya razón de ser es separar de la política la designación y remoción de los jueces, actos que, en el sistema anterior, estaban en manos del Presidente y del Congreso de la Nación.

Tan esencial es ese objetivo, que en las democracias occidentales -Francia, España, Italia, etc.- ningún legislador integra el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el art. 114 de nuestra Constitución admite la presencia de algunos representantes políticos, pero en equilibrio con jueces y abogados, además de académicos.

La ley sancionada en 2006 rompió ese equilibrio: hoy, sobre 13 miembros, 7 son políticos. La violación del art. 114 es evidente. Pero el tema se agrava porque el oficialismo (el actual y los que sigan) con sus 5 miembros (4 legisladores y el delegado del Presidente) puede impedir la designación de quien ganó el concurso de aspirantes a juez y así evitar que alguien manifiestamente independiente ocupe un juzgado donde se sustancian causas de corrupción, y también puede impedir que un juez que no actuó correctamente sea suspendido o sometido a juicio político, a cambio, por ejemplo, de favores electorales o la paralización de una causa que compromete a funcionarios.

El Congreso renovado deberá suprimir esas facultades peligrosas y restablecer la vigencia del art.114 de la Constitución.

En cuanto a las demoras en los juicios, que tanto preocupan a la gente, al anacronismo de códigos procesales, cuya reforma ha sido objeto de proyectos que desde hace años duermen un sueño imperturbado en los armarios del Congreso, se suma la existencia de 196 cargos vacantes, sobre un plantel de 900 jueces nacionales, con la sobrecarga de tareas que esto implica para los jueces actuales.

En la República, el dinero del Estado no se entrega al libre manejo del Ejecutivo, como en las monarquías absolutas: la ley de Presupuesto establece los montos que la Administración podrá gastar en cada rubro, y ellos son límites estrictos. Pero el actual Congreso autoriza al Ejecutivo a modificar partidas y realizar gastos al margen del Presupuesto.

Así fue que, en 2008, el Ejecutivo, además de modificar partidas, gastó a su simple criterio, por "ampliación de gastos" que libremente decidió, por "excedentes de recaudación" y en "Fondos Fiduciarios", 43.614 millones de pesos, o sea, 120 millones de pesos por día, según detalla el Informe del Equipo de Economía del Instituto Radical de Políticas Públicas, que coordinó el economista Adrián Ramos.

El próximo Parlamento deberá poner fin a esos gastos discrecionales y controlar, además, los montos que cada año el Ejecutivo incluye en el proyecto de Presupuesto, ya que, por ejemplo, asignó este año a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) 485 millones de pesos, cuando en 2008 la partida fue de 388 millones y, en 2003, al asumir Kirchner, era de sólo 138 millones de pesos; y no se conoce una razón para tal incremento en una repartición en la que, por existir "fondos reservados", resulta casi nulo el control externo de los gastos.

Desde hace años, los sucesivos presidentes de la Nación dictan Decretos de Necesidad y Urgencia sobre materias que corresponden al Congreso. Es decir, decretos que operan como si fueran leyes.

La Constitución dispone que los Decretos de Necesidad y Urgencia que el Ejecutivo dicta sobre materias que corresponden al Congreso deben someterse a la consideración de una comisión bicameral que "luego elevará su despacho a las Cámaras? para su expreso tratamiento".

Por años, dicha comisión no se constituyó. Finalmente, en 2006 se creó la comisión, pero conforme al art. 24 de la ley 26122, tras elevar la comisión su despacho a las Cámaras, basta con que una de ellas no rechace expresamente el decreto de necesidad y urgencia (DNU), dejándolo dormir en un cajón, para que éste conserve vigencia. Por el contrario, la Constitución exige, para que el DNU siga rigiendo, que ambas Cámaras lo aprueben expresamente, ya que su contenido es propio de una ley. Por cierto, no hay noticias del rechazo de ningún DNU por parte de las Cámaras.

El próximo Congreso debe modificar la ley 26122, para que no se pueda legislar por decreto basándose en el simple silencio de una Cámara.

Es esencial a la República la plena libertad de prensa. La Corte condenó a la provincia de Neuquén, el 5/9/2007, por privar de publicidad oficial a un diario crítico al Gobierno, señalando que éste "no puede manipular la publicidad, dándola o restándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios? afectando la libertad de prensa", y ordenó a la provincia presentar, en un mes, un plan de distribución oficial que respete las pautas de la decisión.

Por un fallo reciente, dictado en una acción promovida por Poder Ciudadano, nos enteramos de que el Estado gasta un millón de pesos por día en publicidad oficial, y que ésta aumentó 60% desde 2003; y corroboramos que esa pauta publicitaria se reparte entre los medios sin respetar pauta objetiva alguna. Entre 2007 y 2008 se presentaron diez proyectos de ley para regular con objetividad el tema, pero la mayoría oficialista del Congreso impidió su tratamiento.

De modo que el Parlamento deberá establecer pautas objetivas para evitar el prorrateo de dinero según el apoyo o la crítica de cada medio a la política oficial. Para ello, le resultará útil revisar el excelente estudio Legislación comparada sobre regulación de publicidad oficial , de la Asociación por los Derechos Civiles (www.adc.org.ar), donde conocerán los modelos de Canadá, España, Italia y el Reino Unido.

También en relación a la libertad de prensa, el Congreso debe advertir que, en el proyecto oficial de "Ley sobre servicios de comunicación audiovisual", la autoridad de aplicación tendrá a su cargo "sustanciar los procedimientos para los concursos, adjudicación directa y autorización para la explotación de servicios de radiodifusión" y "la aplicación de sanciones por violación a disposiciones de esta ley", conforme a decisiones del Gobierno, ya que dicha "autoridad (...)actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo con un directorio de siete miembros, cinco de los cuales serán designados por dicho Poder" (arts.10, 14, 12, 89).



El próximo Parlamento deberá defender la República federal adoptada por artículo 1 de la Constitución Nacional, desvirtuada en la distribución del dinero entre la Nación y las provincias. Un ejemplo patético es el reparto del impuesto al cheque, que en 2009 redituará 22.340 millones de pesos: la Nación se lleva el 85,02%, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se reparten el 14,98%. En el Senado, al discutirse el tema en 2008, la mayoría de los legisladores omitió defender a sus provincias; sólo veinte senadores defendieron la coparticipación del 100%, mientras que cuarenta y cinco senadores -del oficialismo y aliados- votaron la inicua distribución actual en favor de la caja nacional, y diez senadores se abstuvieron. Me satisface recordar que los tres senadores de mi provincia -Santa Fe-, Giustiniani, Latorre y Reutemann, votaron por la coparticipación total del impuesto, en defensa de sus mandantes y del federalismo.

El Congreso renovado deberá liquidar el modelo unitario que rige, por medio del manejo de los dineros públicos.

Debe haber, entonces, en el próximo Congreso, una conjura republicana, un entendimiento de los legisladores por encima de banderitas de sectores y conveniencias personales -y sin el lenguaje de pelea que a veces se oye, como si entre nosotros hubiera enemigos- para así devolvernos, con pasión argentina, la República Federal que describe la Constitución: sana, impoluta, vigorosa.
Sin volver a recibir las manchas que hoy la agravian: el acopio indebido de poder, las provincias mendigando a la Nación.

Nunca más 1788.

El autor fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: La Nación. Miércoles 3 de junio de 2009.