Manuel
José García-Mansilla lleva una tradición en su apellido que
él mismo califica de “antigrieta”. Es que su antepasado Manuel José García fue ministro con Bernardino Rivadavia y EduardaMansilla, que se casó Manuel RafaelGarcía Aguirre, era hija del general LucioNorberto Mansilla, connotado militar y político muy allegado a Juan Manuel
de Rosas. A partir de allí, los descendientes se llamaron García-Mansilla, con
un guión que los une, como forma de vincular ambas tendencias, en el pasado
dramáticamente enfrentadas. Profesor de derecho constitucional, decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, García-Mansilla es un experto de
la historia del derecho en la Argentina y comparado, sobre todo con el modelo
que tomaron los constitucionalistas originales, el norteamericano. Conoce al
detalle el enfrentamiento que en su momento protagonizó Franklin D. Roosevelt con el tribunal supremo de su país y destaca algo evidente: “En los Estados
Unidos nadie conoce a cada corte por el nombre del presidente del ejecutivo,
sino por el nombre del presidente del tribunal”. “En nuestro país, desde
1947, es lo contrario, cada corte se conoce por el nombre del Presidente de la
Nación”, se lamenta. Aquí, el diálogo que tuvo con Infobae.
-En 1947 se realiza el
primer juicio político a la Corte Suprema en la historia argentina. ¿Cuál fue
el contexto para que se tome esa decisión?
-Apenas asumido el
gobierno, el 4 de junio de 1946, Perón dijo en su discurso ante la
Asamblea Legislativa que ponía el espíritu de justicia por encima del Poder
Judicial, diciendo que además de independiente, “la justicia ha de ser eficaz,
y que no puede ser eficaz si sus ideas y conceptos no marchan a compás del
sentimiento público”. Esto se tradujo en que, un mes después, el diputado
Rodolfo Decker presentó el juicio político contra cuatro de los cinco jueces de
la Corte. Salvo Tomás Casares, a quien por su vínculo con los círculos
católicos se lo dejó al margen, Roberto Repetto, Benito Nazar Anchorena,
Francisco Ramos Mejía, Antonio Sagarna fueron llevados a juicio político, y es
bueno recordar que también se incluyó al procurador general de justicia, que se
llamaba Juan Álvarez.
-¿Qué problema había
entre Perón y la Corte?
-No había ningún
conflicto en particular, sino un clima de época que reflejó muy bien el
diputado Ernesto Palacio, quien en el recinto dijo: “Cuando nuevas corrientes
políticas, nuevos anhelos, nuevos ideales conmueven al cuerpo social, suele
ocurrir que los tribunales anquilosados en la defensa del privilegio pueden
convertirse en una rémora del progreso y llegar a ser verdaderas tiranías
contra los anhelos populares.... Al aplicar el recurso del juicio
político, vamos a restablecer el principio verdadero de la soberanía popular,
contra el falso principio de la intangibilidad de la justicia que solo favorece
a las clases poseyentes”. Rodolfo Decker, que presidió la comisión de juicio
político, argumentó que la Corte Suprema había emitido las Acordadas que reconocieron
los gobiernos de facto de 1930 y 1943, de los cuales Perón fue parte. Es el
primer episodio de intervención en la Corte Suprema en la historia argentina y
hay un jurista, Juan Antonio González Calderón, en un libro que se
llama No hay justicia sin libertad, que dice que la Corte Suprema
se murió a los 84 años de su edad constitucional. A partir ese juicio político,
cada gobierno quiso tener su propia Corte Suprema y el Poder Judicial, que
originalmente había intentado limitar a los gobiernos de facto, perdió su
independencia y se inició un proceso de manipulación del poder político para
alcanzar una Corte adicta que obviamente impactó en el trabajo de los jueces,
ya que no fallan conforme a derecho, sino por cuestiones extrajurídicas.
-¿Qué pasa cuando se
produce el golpe de la Revolución Libertadora?
-Se remueve a la Corte
peronista y entre las causales de remoción se citan las dos acordadas con
motivo del fallecimiento de Evita. Cuando Frondizi asume hereda dos jueces y
designa tres. Sigue la Corte de cinco, pero en 1960, dos años después, amplía
el número de jueces y lo lleva a siete, a través de la ley 15271. Ahí hay una
renuncia, y Frondizi puede designar otros tres jueces. O sea, pudo designar
seis jueces de la Corte Surpema. Aunque hay que decir que Frondizi designó
jueces independientes, no estaban alineados con el gobierno, como fue el caso
de Luis María Boffi Boggero, Julio Oyhanarte y Aristóbulo Aráoz de Lamadrid.
-¿Y cómo siguen las
cosas después?
-Cuando da el golpe
Juan Carlos Onganía remueve a toda la Corte y designa su propia Corte, al
tiempo que redujo el número de miembros de 7 a 5. En 1973, con el gobierno
peronista, cae la Corte de Onganía y designa una Corte peronista, pero cuando
cae el tercer gobierno peronista, en 1976, se cae la Corte peronista y la
dictadura de Jorge Rafael Videla designa otro Tribunal, que juró por el
Estatuto para el Proceso de Reorganización nacional y la Constitución Nacional
“en tanto no se oponga a aquella”. En 1983, con el regreso de la democracia, Raúl
Alfonsín designa su Corte de cinco miembros, aunque lo que hace es designar
jueces de distintas corrientes políticas, con cinco jueces.
-¿Qué pasa con la Corte
menemista?
-Menem amplía el número
de la Corte Suprema, lo lleva de 5 a 9, y termina designando seis jueces en un
proceso gradual, muchos de los cuales fueron calificados como parte de la
“mayoría automática” que, finalmente, terminó renunciando con el juicio
político que fue iniciado por Duhalde en el 2002 y continuó con Néstor
Kirchner. Hoy la integración está regulada por una ley se mantiene desde 2006,
la ley 26183. Antes que eso están los juicios políticos, que inicia Duhalde en
2002, uno por uno Néstor Kirchner. Con la reducción de 9 a 5, Néstor
Kirchner designa a la mayoría, aunque lo hizo con juristas reconocidos por su
capacidad e independencia, como Carmen Argibay. A partir de entonces, la Corte
se renovó por cambios naturales como la muerte o renuncias, no por intervención
política. O sea, que hay un proceso de renovación que lleva 14 años.
Reunión remota conjunta
de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales,
del Senado de la Nación, donde se trata el proyecto de reforma judicial (Fotos:
DELFINA LINARES / Comunicación Senado).
-¿Hoy se puede decir
que la Corte es de tal o cual gobierno?
-Actualmente tenemos
una Corte que no es de ningún gobierno, ya que un juez fue designado por
Eduardo Duhalde, dos jueces fueron designados por Kirchner y dos jueces por
Macri. Es una Corte que por lo menos es neutra desde el punto de vista
político, no hay nadie que maneje la Corte. Ese equilibrio en cuanto al
origen político, más allá de las personalidades y calificaciones, es lo que
garantiza que al fallar no lo hacen en función de lo que quiere el Gobierno,
sino de lo que establece el derecho y la Constitución. Más allá de que la Corte
pueda ser perfectible y mejorar su funcionamiento, lo que se ve desde 1947 a
hoy es que hay una institución Corte Suprema que realmente es independiente del
poder político desde hace varios años. El respeto a la institución tiene que ir
más allá a las personas; si no, es el cuento de la buena pipa. Si venimos
haciendo siempre lo mismo hace 75 años y las cosas están cada vez peor, no veo
cómo cambiar las reglas va a contribuir a salir de la decadencia argentina.
-A riesgo de ser obvia
con la pregunta, ¿por qué es importante la independencia del Poder Judicial?
-Por empezar, porque es
algo que no se discute en ningún país con una sociedad integrada. En ningún
lado se vive en un mundo idílico, hay problemas en todos lados, pero nadie
discute que tiene que haber condiciones institucionales que permitan que el
juez independiente pueda desempeñar acabadamente su rol, porque es lo que
asegura a los ciudadanos legitimidad en los fallos. Los países serios no
andan modificando sus poderes judiciales cada tanto, como ha sucedido aquí
desde 1947. Por cierto que hay muchos modelos de poder judicial a
analizar, y seguir, pero los países a los que les va bien son los que respetan
las reglas, no las andan cambiando todo el tiempo.
La agrupación
"Justicia Legítima" se movilizó cuando asumió Alberto Fernández.
(Facebook: Justicia legítima)
-En la charla que dio
en el Club Político el miércoles de esta semana habló de que Argentina desde
1947 tiene dos adicciones, a la inflación y a los cambios a la Corte Suprema.
-La inflación es
evidente que es una adicción de nuestra comunidad política, y es algo que no
existe en el mundo. Así como tenemos una adicción a la inflación, lo que pulveriza
el valor de la moneda, hay una adicción a controlar el Poder Judicial, lo que
destruye la posibilidad de que exista una justicia independiente, que controle
al poder político y así estemos seguros de que para que se gobierna de acuerdo
a las leyes. Nuestro sistema está pensado como un gobierno de leyes, no
como un gobierno de los hombres. Ese el punto. Ahora, si la ley no impera,
impera el hombre y así empiezan los problemas.
-¿Qué modelo de
justicia tiene la Argentina?
-Nosotros copiamos el
modelo de los Estados Unidos, un país donde no se conoce a las cortes supremas
por sus presidentes del ejecutivo, se las conoce por los presidentes de las
cortes supremas. Son tribunales independientes cuyo recambio se da siempre de
manera natural. Solo Franklin D. Roosevelt tuvo conflictos con la corte, porque
lo eligieron durante cuatro veces consecutivas, y eso provocó una serie de
desequilibrios que luego fueron enmendados.
-¿Tiene que haber
reforma judicial o no?
-Es necesario una
reforma del Poder Judicial, y lo deseable es que esa reforma pueda ser
discutida de una manera amplia, generosa, pensada en el mediano plazo. No
me molesta que se discuta una reforma judicial, lo que sucede es que si bien
ningún momento es bueno para discutir algo semejante, no hay un momento peor
que este, como dice Roberto Gargarella. Me preocupa mucho que ya la
mayoría del consejo consultivo ya se manifestó a favor de la ampliación del
número de la Corte. Así es más de lo mismo, vamos a volver a cometer un error,
por eso traigo a colación esta suerte de adicción. Es un error que ya hemos
cometido varias veces, y obviamente que si se va a ampliar es para obtener la
mayoría y controlar sus decisiones.
